VGA logra autorización para operación de empresas del sector automotriz ante la Secretaría de Economía

Tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación el pasado 06 de abril, el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos relacionados con las actividades esenciales, por parte de la Secretaría de Salud, el despacho Vega, Guerrero & Asociados, asesoró de manera exitosa a diversas empresas del sector automotriz en la Región Bajío del país para lograr obtener una autorización por parte del gobierno federal para realizar actividades mínimas esenciales.

Luego de que en el acuerdo señalado se abriera la posibilidad de que aquellas empresas que pudiera la suspensión de actividades causar efectos irreversibles en la operación de estas, principalmente en industrias como la del acero, la del cemento y la del vidrio, entre otras, en Vega, Guerrero & Asociados, se apoyó con la gestión ante la Secretaría de Economía, presentando el expediente que acredita tal situación y logrando con ello la resolución favorable por parte de la Secretaría de Economía.

Es importante señalar que la resolución de la Secretaría de Economía que ha sido notificada en días pasados, establece que las compañías beneficiadas con esta resolución, deben ceñir sus actividades al mínimo indispensable y únicamente para el soporte de actividades consideradas como esenciales. Asimismo, se exhorta por parte de la autoridad federal a la estricta observación de las medidas sanitarias contempladas en los distintos acuerdos que para estos efectos han venido dictando las autoridades en la materia.

Con lo anterior, las empresas beneficiadas con esta resolución pueden mantener operaciones con las características antes señaladas y con ello tienen plena certeza jurídica de que no serán sancionadas por posibles inspecciones, ya sea por parte de las autoridades laborales, así como sanitarias.

En caso de que alguna empresa requiera el apoyo relacionado con el presente tema, los invitamos a consultar a los miembros de Vega, Guerrero & Asociados, para poder llevar a cabo una asesoría adecuada y gestionar el apoyo de la solicitud ante la autoridad competente, para así poder evitar todo tipo de sanciones como las que ya han sido anunciadas por las autoridades, pudiendo ser entre otras: multas, clausuras o inicio de carpetas de investigación ante el Ministerio Público.

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